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jueves, 29 de noviembre de 2007

La Ley del Suelo será revisada por el Tribunal Constitucional

La ardilla Scrat con las inmobiliarias y la nueva Ley del SueloEl Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad que la Comunidad de Madrid presentó a finales de agosto contra la nueva Ley del Suelo propuesta por el estado. El Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Esperanza Aguirre, sostiene que la mencionada ley invade competencias autonómicas y atenta contra el derecho a la propiedad privada. Asimismo, considera que la admisión a trámite del recurso por parte del TC respalda la postura del ejecutivo madrileño que considera que el Gobierno central está realizando una política de vivienda y suelo claramente inadecuada.

La presentación del recurso contra la Ley de Suelo fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado 26 de Julio. El Gobierno autonómico alega que la reserva obligatoria del 30 por ciento de la edificabilidad fijado por el Ministerio de la Vivienda para la construcción de viviendas protegidas es una flagrante intromisión en las competencias autonómicas. El Ejecutivo de la comunidad también expresa su desacuerdo frente a la norma estatal que obliga a que los patrimonios públicos de suelo se destinen a la construcción de viviendas protegidas u otros fines sociales, de mejora o protección de los bienes inmuebles del patrimonio cultural o de mejora de espacios naturales. Esta norma impone a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos una utilización determinada de sus terrenos, impidiendo que puedan dar un uso a sus suelos en base a las necesidades de los ciudadanos, cosa bastante lógica.

Asimismo, en materia de vivienda protegida, el Gobierno de la Comunidad de Madrid señala que la nueva Ley del Suelo detalla una serie de casos en los que las administraciones locales pueden sustituir las entregas obligatorias de suelo para vivienda protegida por otras formas de cumplimiento de esta obligación, como el pago en dinero, hecho que sin duda incidirá negativamente en la política de vivienda.

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