El problema se acentúa cuando aquellos que han comprado una vivienda a través de una hipoteca no pueden pagar las cuotas mensuales de la misma. Cuando esto ocurre deben hacer frente a la deuda hipotecaria no sólo con la vivienda hipotecada, sino también con el resto de su patrimonio, actual y futuro. Son muchos los casos en los que las entidades financieras ejecutan las hipotecas perdiendo el comprador su casa y, además, manteniendo en muchos casos una deuda con el banco que no siempre son capaces de pagar.
Desde vivienda barata queremos lanzar seis propuestas para mejorar la actual situación hipotecaria.
Los tres agentes implicados en esta situación, la banca, el estado y los propios consumidores, son responsables de la actual situación. Por un lado, las entidades financieras inflaron las valoraciones de las viviendas y se dedicaron a conceder préstamos hipotecarios sobredimensionados sin aplicar los controles necesarios; por otro el Estado incitaba a los consumidores a adquirir su vivienda con importantes beneficios fiscales; y, finalmente, los consumidores, alentados por ambas circunstancias, nos hemos dedicado a comprar casas, pisos y chalets que no se correspondían con nuestros niveles de renta.
Pero de lo que se trata no es de quejarse y lamentarse, sino de encontrar soluciones al problema creado. Por eso, desde promotoras inmobiliarias proponemos las seis medidas siguientes:
- Regular un sistema concursal específico y abreviado para familias. Actualmente son muy pocas las familias que acuden al concurso de acreedores al tratarse de un procedimiento muy rígido y caro, ya que necesita de procurador y abogado. Este procedimiento concursal para familias debería ser gratuito y tendría que contemplar la quita y espera, asegurando mediante tutela judicial la liquidación, de forma estructurada y clara, del patrimonio familiar necesario para saldar la deuda.
- Los bancos y entidades financieras deberían estar obligadas, antes de que se proceda a ejecutar la hipoteca por impago, a presentar un plan de reestructuración de la deuda familiar, y sólo si la familia no pudiese hacer frente a dicho plan, se procediese finalmente a la ejecución hipotecaria. Esto evitaría en alguna medida la arbitrariedad y posición de fuerza que las entidades bancarias tienen sobre los consumidores.
- Adoptar decisiones que faciliten a las familias la posibilidad de reestructurar sus deudas hipotecarias para evitar situaciones de impago o insolvencia. Es necesario que se faciliten los trámites que permitan a bancos y familias definir nuevos planes de amortización, periodos de carencia, concesión de aplazamientos, etcétera.
- Una vez que las familias justifiquen el no disponer de rentas suficientes para hacer frente al pago de la hipoteca, los bancos tendrían que renunciar a cobrar los intereses de demora, intereses que en muchos casos superan el veinte por ciento, permitiendo el establecimiento de un periodo de demora al que se le aplicaría un interés no superior al legal del dinero. De esta manera las familias tendrían la oportunidad de solventar sus problemas económicos, y, a la vez, las entidades financieras evitarían tener que ejecutar las garantías hipotecarias y el tener que declarar en mora.
- Establecer la exención de los impuestos y tasas a aquellas familias que, acreditando su situación de insolvencia, decidan vender su vivienda u otros bienes para poder recomponer en la medida de lo posible su situación económica. Se trataría de disminuir los costes de transmisión de casas, pisos y chalets a las personas que se encontrasen en la situación antes mencionada.
- Reformar los procedimientos de ejecución hipotecaria. Actualmente son muchos los profesionales de las subastas judiciales, los llamados subasteros, que se benefician de la ruina económica de las familias y convierten dichas subastas en un proceso caro y poco o nada transparente. La cuestión es que el sistema de subastas judiciales actual no solventa ni los problemas de los bancos, ni, por supuesto, el de las familias.
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