La Ley Concursal que regula a las empresas en crisis y que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004 está generando problemas al tener afrontar el parón de inmobiliarias, promotoras y contructoras debido a la crisis económica. No en vano la crisis económica ha provocado que en España hayan aumentado en un 172 por ciento el número de procedimientos concursales iniciados durante el segundo trimestre de 2008, correspodiendo el 66 por ciento de dicho procesos concursales a empresas de servicios inmobiliarios, constructoras, promotoras y compañías industriales.
Está claro que la crisis financiera internacional y la propia crisis inmobiliario está provocando graves problemas de liquidez a las compañías del sector inmobiliario. Aunque en muchos casos, estas compañías cuentan con activos que superan sus deudas (terrenos, suelos, promociones en curso, viviendas terminadas, etcétera), esto no les exime de la obligación de pedir el concurso de acreedores, ya que hay que tener en cuenta que los administradores de una sociedad en situación de insolvencia que no acudan al procedimiento concursal se ven sujetos a determinadas responsabilidades personales, por lo que, para evitar verse afectados, si la empresa tiene graves problemas de liquidez y tesorería, se ven obligados, incluso teniendo superavit patrimonial, a abrir un procedimiento concursal.
Resumiendo podemos decir que son tres los problemas fundamentales que está generando la Ley Concursal. En primer lugar, al tratarse de una norma con sólo cuatro años, existe todavía una ausencia de jurisprudencia que permita una actuación uniforme en todo el territorio español. Por otro lado, y también debido a su juventud, las empresas desconocen muchos aspectos de la ley y la administración de Justicia no dispone de medios suficientes para aplicarla. Finalmente, la situación de crisis por la que atraviesan multitud de inmobiliarias, constructoras y promotoras, es la principal causa de esta avalancha de procesos concursales que estamos viviendo en España. La declaración de concurso de promotoras y constructoras no sólo afecta a las empresas acreedoras, sino que afecta a aquellos particulares que han entregado dinero para adquirir su casa, chalet o vivienda y que, de pronto, se ven inmersos ahora en un procedimiento judicial muy complicado y sin saber a quien tienen que dirigirse.
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